Santo Domingo.– En el marco del proceso de modernización y reforma de la gestión pública, el Poder Ejecutivo reglamentó mediante Decreto 714-26 la Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado.
La medida busca asegurar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración pública se realicen de manera coordinada, eficiente, interoperable, segura, sostenible y alineada con las políticas nacionales de transformación digital.
El decreto tiene el propósito de mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos bajo responsabilidad del Estado, asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.
La normativa designa al Ministerio de Administración Pública como la autoridad de aplicación del reglamento, entidad que tendrá a su cargo la coordinación general de los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas reguladas.
Rl Ministerio de Administración Pública garantizará que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada, interoperable y bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que esta medida marca un hito en la gobernanza tecnológica nacional al dar un paso fundamental para erradicar la fragmentación del gasto e inversiones aisladas en las instituciones del Estado.
Interés estratégico nacional
El decreto, en su artículo 6 declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como instrumento necesario para mejorar la calidad, continuidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
La normativa aclara que esto no exime a las instituciones públicas del cumplimiento de las normas de contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública, responsabilidad fiscal y demás disposiciones legales aplicables.
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